La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la decisión del Gobierno de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia acotado a las rutas de la Región de La Araucanía y de las provincia de Arauco y Biobío, con el fin de intentar frenar los hechos de violencia en esas zonas.
“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas (...) También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, dijo la ministra la noche de ayer lunes.
El anuncio, que permitirá el despliegue militar en las carreteras, estuvo acompañado de otras medidas, como la solicitud al Ministerio Público de "un fiscal especial con dedicación exclusiva para investigar robo de madera y narcotráfico en las regiones de Biobío y Araucanía".
Respecto al conflicto de fondo, entre el Estado y el pueblo mapuche, se enfatizó en un nuevo mecanismo para restitución de tierras, redoblando los recursos destinados a Conadi para ese fin, llegando a un monto de $35 mil millones. Con ello el Gobierno planteó la adquisición de 20 mil hectáreas de predios forestales, en 39 predios que irán en beneficio de 19 comunidades.
Por otro lado, se dará inicio a los denominados "parlamentos territoriales", los cuales reconocerán a "las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio, con el objetivo de generar acuerdos para responder tanto a la demanda territorial como asuntos relacionados con vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros". Estos diálogos partirían en julio y contarían con apoyo de la ONU.
La ministra, flanqueada por buena parte del gabinete de Gabriel Boric, también anunció que reactivarán la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y que se invertirán más de $400 mil millones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las provincias involucradas.
