Migrantes expulsados llegan a los 425 en lo que va del 2024
Según información del Servicio Nacional de Migraciones gran parte de las expulsiones materializadas de migrantes fue a través de una orden administrativa.
el viernes pasado a las 13:09
De acuerdo a un informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) entre enero y mayo de este año, el 51% de los migrantes fueron expulsados por orden administrativa.
Ante esto, el Sermig presentó ante la Cámara de Diputados según consignó La Tercera, un informe donde revela que 425 personas han sido expulsadas de Chile.
Asimismo, del total de expulsiones, 218 casos fueron de tipo administrativas y 207 corresponden a órdenes del Poder Judicial.
En tanto, el director de Migraciones, Luis Thayer aseguró que ha existido un aumento en las expulsiones administrativas y señaló que "hay que seguir avanzando para reducir la brecha entre la capacidad del Estado de materializar expulsiones y la cantidad de expulsiones vigentes".
Dado lo anterior, según las cifras que se entregaron, del total de expulsiones materializadas la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos con 161 expulsiones, seguido por ciudadanos venezolanos con 150 casos. Luego más atrás se encuentran migrantes de Bolivia con 35 casos, Perú con 6%, Ecuador con 3% y Haití con 1%.
Así también, Thayer se refirió al tipo de expulsiones y aseguró que "no discriminan o priorizan por nacionalidad. El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades".
Finalmente, el informe también reveló que el numero de ingresos clandestinos entre el mes de enero y abril asciende a 11.705 personas, según denuncias recibidas por PDI.
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
