Este jueves, el Gobierno expulsó a 72 extranjeros -argentinos y colombianos- por irregularidades administrativas y causas judiciales.
45 de ellos son expulsados judiciales, es decir, han sido condenados por tribunales por delitos como secuestro, tráfico de armas y robo con violencia.
El Servicio Jesuita de Migrantes denuncia que esta expulsión no se ajusta a derecho y que no se están respetando sus derechos humanos.
El Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, llamó a que los extranjeros regularicen su situación en Chile.
El Subsecretario Galli afirmó que “nuestra legislación migratoria contempla dentro de las posibilidades de aquellas personas que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria, iniciar respecto de ellas un proceso de expulsión y se inicia respecto de cada una de las personas, porque cada una de ellas comete infracciones migratorias distintas”
La audiencia se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Centro de Justicia de Santiago, tras la formalización por la segunda denuncia en su contra.
Las renuncias también afectan a las subsecretarías de Justicia, Obras Públicas, Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.